La esposa del ex secretario de Finanzas, fue declarada culpable de conspiración para cometer fraude bancario, anunció el abogado estadounidense en funciones Abe Martínez. Un jurado federal en Corpus Christi resolvió su veredicto el viernes pasado contra Silvia Beatriz Pérez-Ceballos, de 49 años.
En el juicio, el gobierno presentó evidencia que incluía varias transacciones extremadamente complejas de lavado de dinero que involucraban a múltiples compañías estadounidenses y mexicanas ficticias y más de $ 40 millones en fondos lavados. El jurado escuchó que Pérez-Ceballos hizo declaraciones falsas y presentó documentos falsificados a J.P. Morgan Chase Bank oficial en un esfuerzo por mover $ 2 millones a una cuenta en el extranjero en las Bermudas. Pérez-Ceballos también intentó ocultar varios activos, incluida una residencia Sugar Land de alta gama bajo el nombre de Phantom Investments International. El caso involucró compras de bienes inmuebles en todas las transacciones en efectivo en Los Ángeles, California, Nueva York, Nueva York, Miami, Florida y Houston.
Pérez-Ceballos enfrenta hasta 30 años en una prisión federal y una posible multa máxima de $ 1 millón.
El juez de distrito de EE. UU., Nelva Gonzales Ramos, presidió el juicio y estableció una sentencia para el 15 de diciembre de 2017.
Pérez-Ceballos permanecerá bajo custodia pendiente de la audiencia.
También se le acusó en relación a la conspiración a su esposo, José Manuel Saiz-Pineda, de 49 años, y su socio comercial, Martín Alberto Medina-Sonda, de 44 años. Saiz-Pineda fue el Secretario de Finanzas del Estado mexicano de Tabasco de 2007 a 2012, nombrado para servir bajo el ex gobernador Andrés Granier Melo. Saiz-Pineda está actualmente bajo custodia en Tabasco por cargos relacionados de enriquecimiento ilegal. Medina-Sonda actualmente está cumpliendo un período de prisión en México. Los cargos en su contra en los Estados Unidos son acusaciones formales de conducta criminal, no evidencia. Se presume inocentes a menos que sean condenados por el debido proceso legal.
Fuente: Comunicado del Departamento de Justicia del Sur de Texas.
