Mérida, Yucatán a 07 de agosto de 2016.- Comunidades mayas dedicadas a la apicultura, Asociaciones Civiles y diversas agrupaciones, denunciaron ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la siembra de soya transgénica en los estados de Campeche y Yucatán, está afectando la vida, integridad, salud y el medio ambiente sano de las esas localidades.

La representante de las comunidades mayas, Laydy Pech, advirtió del riesgo creciente en que se encuentran el modo de vida y la salud de las personas afectadas, entre ellas niños y niñas, mujeres gestantes y adultos mayores, debido a la deforestación y al uso en la siembra de sustancias tóxicas, como el herbicida glifosato, que contaminan el agua y el suelo

Por ello, se solicitó que la CIDH otorgue medidas cautelares para que el Estado mexicano implemente acciones para proteger los derechos de las comunidades y suspenda de forma efectiva la siembra de soya genéticamente modificada en Campeche y Yucatán, subrayó.

Leydy Pech afirmó que con la siembra de soya transgénica ya se perdieron plantas medicinales, árboles vitales para las abejas, animales e se han destruido sitios arqueológicos, así como aguadas, lagunas y suches, lastimado la identidad maya y se privado a esa etnia la posibilidad de transmitir ese conocimiento a sus hijos.

En ese sentido, recordó que los mayas poseen un conocimiento tradicional que permite conservar la selva y generar bienestar para nuestras comunidades.

“La implementación del proyecto para la siembra de soya transgénica en el territorio maya atenta contra nuestros derechos y cultura, que son la herencia ancestral de nuestros abuelos”, apuntó.

Ante esta situación, indicó, se buscó el apoyo de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.(Indignación); y Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos A.C. (Litiga OLE), para interponer la denuncia.

En el recurso legal, que se realizó el pasado 25 de julio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se argumentó que la siembra de soya transgénica en los estados de Campeche y Yucatán, México, está dañando severamente la vida de sus habitantes.

Por su parte, la abogada de AIDA, María José Veramendi, aseguró que el Estado mexicano tiene la obligación de aplicar el principio precautorio y tener en cuenta los riesgos para la salud que conllevaba el uso del herbicida glifosato y la siembra de soya transgénica, y al no hacerlo, incumplió su deber de prevenir violaciones a los derechos de las comunidades mayas, quienes actualmente están expuestas a dicho herbicida a través de la siembra y la contaminación de sus fuentes de agua.

Aunque las comunidades mayas afectadas son los municipios de Hopelchén, en  Campeche, y Mérida, Tekax y Teabo, en Yucatán, el permiso de soya afecta a más comunidades y municipios de siete estados de la República, detalló.

Sobre esa práctica, puntualizó, las comunidades no fueron consultadas ni se obtuvo su consentimiento libre, previo e informado antes de que el Estado mexicano otorgara permisos para la siembra de soya genéticamente modificada en su territorio, ocasionado que se afectada gravemente el cultivo de abejas para la obtención de miel, actividad histórica y tradicional de la zona, y una de las fuentes principales de sustento para las comunidades.