Unos 9.6 millones de indocumentados, que representan el 87 por ciento del total en Estados Unidos, se podrían beneficiar por los cambios del gobierno en las prioridades para la deportación de inmigrantes, señaló un nuevoestudio.
El Instituto de Política Migratoria (MPI) sostuvo que si esas prioridades se cumplen plenamente, el número de deportaciones de inmigrantes indocumentados bajaría en más de 25 mil casos anuales, por lo que el número total sería menor a la marca de 100 mil personas.
Las prioridades de deportación del Departamento de Seguridad Interna (DHS) incluyen a inmigrantes fugitivos de la justicia, que enfrentan órdenes de deportación, o que hayan ingresado recientemente a Estados Unidos.
“Las deportaciones en la frontera Estados Unidos-México siguen siendo una prioridad bajo las directrices del 2014, así que la decreciente tasa de remociones del interior del país quedarían compensada en cierto grado por incrementos en la frontera”, señaló el estudio.
De acuerdo con estimaciones del MPI, un 13 por ciento de los inmigrantes indocumentados (alrededor de 1.4 millones de personas del total de 11 millones), tienen antecedentes criminales o un historial que los hace elegibles a la deportación bajo las nuevas reglas.
Se trata de una reducción del total de tres millones de personas que habrían calificado como sujetas a deportaciones bajo las directrices existentes en 2010-2011, según el MPI.
“Aunque se le ha prestado mucha atención a los anuncios de la acción ejecutiva del presidente (Barack Obama) que beneficiarían a 5.2 millones de inmigrantes, la implementación de las nuevas prioridades y el Programa de Cumplimiento Prioritario (PEP) beneficiaría a un mayor número de 9.6 millones”, señaló.
El presidente Barack Obama anunció en noviembre pasado una versión ampliada de Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y de su versión para adultos (DAPA).
Ambos programas fueron impugnados legalmente por una veintena de estados del país. El juez de Texas, Andrew Hanen, bloqueó su entrada en vigor y la administración Obama apeló su decisión ante la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, que no ha emitido su fallo final.
La administración Obama decidió cancelar el año pasado “Comunidades Seguras” y sustituirlo con el Programa de Prioridades de Cumplimiento (PEP), que limita la transferencia de detenidos a aquellos buscados por delitos graves o que son un riesgo a la seguridad nacional.
Pero legisladores republicanos sostienen que el PEP es un “fracaso”, porque es optativo y las jefaturas de policía -especialmente aquellas de unas 200 ciudades santuario del país- siguen ignorando las peticiones del DHS.