Con el respaldo unánime de 76 senadores, la Cámara Alta aprobó ayer martes una reforma constitucional destinada a prohibir los matrimonios infantiles en comunidades indígenas.
Los legisladores respaldaron una modificación al Artículo 2 Constitucional para consagrar el respeto al interés superior de las niñas, niños y adolescentes de pueblos y comunidades indígenas. Se busca impedir la justificación de prácticas contrarias a los derechos de los menores, basadas en los usos y costumbres de esas regiones.
El dictamen, ahora dirigido a la Cámara de Diputados, plantea que las niñas y adolescentes que forman parte de comunidades indígenas, donde la convivencia está mayormente regida por usos y costumbres, enfrentan un mayor riesgo de sufrir violaciones a sus derechos, como en el caso de los matrimonios forzados.
Los senadores subrayan la necesidad de garantizar el respeto a los usos y costumbres de las comunidades indígenas, pero también insisten en que estas prácticas no deben prevalecer sobre los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
“Con esta reforma constitucional se pretende contribuir a una protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que pertenecen a las comunidades indígenas del país, considerando de suma relevancia el respeto a su interés superior, sin perjuicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios”, destaca el documento.
Al expresar la postura de Morena, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez confía en que ningún grupo parlamentario en el Senado se oponga a esta enmienda por motivos políticos, ya que no se puede aceptar que niñas de 13 o 14 años estén casadas con hombres de más de 35 años.
La senadora panista Josefina Vázquez Mota advierte que México figura entre los primeros ocho países en el mundo en términos de matrimonio forzado infantil, una realidad que no se deriva únicamente de usos y costumbres, sino también de la falta de reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho.
En este contexto, se alerta sobre la situación en algunas zonas de Zacatecas, donde la vida de una niña, niño o adolescente puede ser menos valorada que una vaca. La senadora, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, lamenta que aquellas que se oponen a los matrimonios forzados sufran una violencia aún mayor, con encarcelamientos, castigos y torturas.
La senadora petista Geovanna Bañuelos lamenta que persistan prácticas que atentan contra la libertad de decisión y violan los derechos humanos de las niñas y adolescentes indígenas, especialmente en localidades de estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Se destaca que, tan sólo en Guerrero, hay registros de que 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio.
Los diputados federales tienen el balón: de ellos depende ahora prohibir constitucionalmente el matrimonio forzado infantil en México.
