Un juez federal vinculó a proceso a Emilio Lozoya, por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho en el caso Odebrecht, luego de más de 13 horas de audiencia.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) por segundo día consecutivo, no pidió prisión preventiva para el ex director de Petróleos Mexicanos, aunque solicitó que éste utilice un brazalete electrónico, que permanezca vigilado y que no se le permita salir de la capital del país.

Ayer miércoles, de nueva cuenta el ex funcionario se presentó ante un juez en compañía de sus abogados, aunque de forma virtual desde el Hospital Ángeles del Pedregal de la Ciudad de México, donde se encuentra internado desde su llegada a territorio nacional, el 18 de julio pasado, y escuchó los señalamientos hechos por la fiscalía por la causa penal 261/2019, en audiencia que dio inicio a las 9:31 de la mañana y fue presidida por el juez Juan Carlos Ramírez Benítez. 

En un inicio el imputado solicitó que se quedaran reservados sus datos personales, por lo que será mencionado durante el proceso como ERLA. En su primera intervención, la defensa de Lozoya Austin sostuvo que la aceptación de extradición a México se dio en ánimo de colaboración con el Estado mexicano, y en especial con la FGR, para la búsqueda de la verdad.

Por su parte la FGR afirmó que el ex director de PEMEX, excedió el número de inversiones en diversos países, principalmente en Europa, además que intentó ocultar diversos movimientos y cuentas bancarias particularmente, cuando fue coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Inmediatamente acusó que Emilio Lozoya ofreció a Luis Alberto Meneses Weyll, quien dirigía a Odebrecht en México, un cargo en la administración pública en caso de que el PRI llegara a ganar las elecciones en 2012, a cambio de recursos para la campaña.

Además, de acuerdo a un testimonio del propio Meneses Weyll, la empresa Odebrecht tenía identificado a Lozoya como la persona que recibía los sobornos en México.

En otro momento, la fiscalía señaló que “muchas de las cuentas provenientes de diferentes empresas estaban a nombre de ´Gilda L´ y ´Gilda Margarita A´, hermana y madre del acusado, respectivamente”. 

Uno de esos movimientos fue una transferencia por 185 mil dólares y un millón 200 mil dólares, hecha por Emilio Lozoya a su madre para adquirir un inmueble en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, los cuales tiene origen ilícito.

La FGR expuso que el ex funcionario se asoció con su madre, esposa y hermana, con el propósito de delinquir. 

Asimismo, sostuvo que el ex titular de PEMEX, solicitó a Odebrecht que los pagos se debían hacer a la empresa Tochos Holding, donde éste figuraba como beneficiario. Aunque en las declaraciones fiscales de 2012 de Gilda Susana Lozoya, no se informó que Emilio, su hermano, le cedió activos de la empresa Tochos Holding, la cual fue constituida en el territorio nacional. 

Lo que a decir de la fiscalía, alertó a la Unidad de Inteligencia Financiera, y por lo tanto, se presume que está involucrado a una serie de irregularidades con el origen de los recursos.

Como parte de los datos de prueba, con base en declaraciones fiscales presentadas por Gilda Lozoya, madre del ex funcionario, se detectó que se declaró ante el SAT en cero pesos en 2012, lo que contrasta con los 109 mil pesos declarados en 2013. Mientras que en su cuenta de BBVA, registró un abono de 5 millones de pesos del extranjero y después casi dos millones de pesos, equivalente en dólares, que pasaron desapercibidos por la autoridad fiscal.

Fue entonces que llegó la acusación, y la FGR sostuvo que Lozoya Austin recibió 10.5 millones de dólares como resultado de sobornos por parte de la constructora brasileña.

Durante su intervención, el Ministerio Público pidió le fuese imputado el delito de cohecho al acusado, porque siendo director de PEMEX, se reunió con representante de Odebrecht, quienes le solicitaron su apoyo para resultar ganadores de obras públicas. Le prometieron 6 millones de dólares para obtener obras como la refinería de Tula en Hidalgo, y en ello, el ex funcionario faltó al principio de objetividad como servidor público.

La FGR pidió se le imputara el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque transfirió recursos del exterior a territorio nacional sabiendo que era ilícito, y comprar bienes para ocultar el origen del dinero.

Tras escuchar los cargos por lo que lo acusaron, Emilio Lozoya tomó la palabra y se dijo no ser culpable ni responsable de los hechos que se le imputan en el marco de esta investigación.

“No soy culpable ni responsable de los hechos que se me imputan en el marco de la investigación. Quiero hacer de su conocimiento, su señoría, que con relación a los hechos que se me imputan fui intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado”, dijo.

Como respuesta, la fiscalía expuso que una cuenta de Tochos Holding en un banco suizo, fue detectada al superar el monto permitido para no ser considerado como lavado de dinero, aunque el banco no bloqueó la cuenta y prefirió darle un seguimiento.

Además, agregaron que se registraron diferentes transacciones para comprar la casa en Ixtapa, lo cual consideró la FGR como que “no había razón lícita para transferir activos a la cuenta de la esposa, que serían después transferidos a la compra del inmueble y que Lozoya hizo parte del fideicomiso donde están sus hijos”.

A las 12:06 horas, se decretó un breve receso y a las 12:30 se reanudó la audiencia.

En otra intervención de la fiscalía, ésta afirmó que Lozoya Austin incurrió en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, junto con su hermana, su madre y su esposa, a quienes se les hicieron infinidad de depósitos bancarios en México, Brasil y otros países. 

Los cuales, a decir de la dependencia federal, el ex funcionario agradeció a Luis Meneses, ex director de Odebrecht en México.

En otro momento, la FGR precisó que existieron dos pagos de Odebrecht en beneficio del ex director de PEMEX: el primero de 4 millones de dólares y otro por 6 millones de dólares.

La fiscalía asegura que Emilio Lozoya no desconocía la cuenta bancaria a nombre de su madre, y en sus declaraciones patrimoniales admitió que el inmueble de Ixtapa es propiedad de su familia y que el dinero en parte era de la empresa Tochos Holding; además presentó como dato de prueba las declaraciones anuales de impuestos del ex funcionario, para señalar que el imputado omitió en su declaración los ingresos que obtuvo en el extranjero.

Tras conocer los hechos que le imputaban, el ex funcionario peñista aseguró que no impugnaría las acusaciones en su contra, y solicitó al juez que resolviera en esa misma audiencia su situación jurídica.

“El señor Emilio Lozoya ha sido utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato de poder conformado por altas autoridades del Estado mexicano, que estuvo constituido con el objetivo de abusar de ese poder que legítimamente les había sido concedido”, expuso la defensa de Lozoya Austin.

Los abogados destacaron que en su momento, su cliente procederá a denunciar los delitos cometidos por sujetos activos y responsables de los hechos por los que fue acusado.

Tras ello, el juez ordenó un receso que se prolongó por más de tres horas, y a las 6:36 de la tarde reanudó la audiencia.

Fue hacia las 10:00 de la noche, cuando el juez aceptó las medidas cautelares y ordenó que Emilio Lozoya a que se presente a firmar dos veces al mes al Centro de Justicia del Reclusorio Norte. 

De igual forma decretó libertad condicional, y concedió seis meses para desarrollar la investigación complementaria.