A dos años de la megaobra vehicular llamada Nuevo Puente de la Unidad, el cual conecta Ciudad del Carmen con Isla Aguada y es considerado el quinto más largo de América Latina y el segundo más largo de México, es objeto de una serie de procedimientos legales.

En una investigación hecha por Proceso, se revela que el consorció que realizó el puente, integrado por ICA, Calzada Construcciones y Construcciones y Dragados del Sureste, reclaman un adeudo de 109 millones de pesos que se suponía estaban garantizados con la asignación de los 250 millones de pesos del presupuesto federal.

¿Qué paso?, de acuerdo con unos documentos en manos de Proceso, los 250 millones de pesos que otorgó el gobierno federal sí fueron referidos, por el entonces secretario de Comunicación y Transportes, Javier Jiménez Espriú, en 2019, cuando se inauguró la obra, pero el Gobierno de Campeche, encabezado, en aquel entonces, por Alejandro Moreno Cárdenas, hizo una serie de maniobras para recalcular los costos y pagar menos a los constructores.

El 10 de junio de 2019, “Alito” Moreno inauguró la obra vehicular, concluida con el envío de 250 millones de pesos comprometidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El compromiso presidencial de enviar los recursos al gobierno de Campeche se concretó apenas dos semanas después de la gira de abril de 2019. El 2 de mayo de ese año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el convenio de subsidio entre el gobierno federal y el campechano, cuyo objetivo único era la terminación del puente.

En el convenio, el gobierno de Campeche se comprometió a entregar a más tardar el último día de febrero de 2020 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, las conciliaciones bancarias, el monto de recursos ejercido, el nivel de cumplimiento de los objetivos del proyecto y las metas de indicadores de desempeño alcanzados. Pero no lo hizo.

El gobierno estatal inició una serie de maniobras para recalcular los costos, determinó la reducción del monto y sus respectivos convenios vía un convenio modificatorio que decidió de manera unilateral.